Como no podía ser de otra manera, me siento afectado, ofendido y atacado por la nueva 'Ley Antidescargas' como ya la están bautizando. En el momento en el que los intereses de varios cantantes caducos y sin apenas eco en el panorama musical actual y de cinco o seis productoras de cine, cuyo mejor valor es hacer películas absurdas sobre comunidades de vecinos, veo que su única respuesta es la de obligarme a consumir dichos productos (si es que quisiese consumirlos) del mismo modo que hacía mi padre e incluso mi abuelo: entrando en un centro comercial y comprando un soporte físico (ya tremendamente obsoleto) que ni quiero y para el que no tengo espacio en casa.
Estos "artistas" (en toda la extensión de su término), no creen en Internet, en en el modelo iTunes, en el modelo pixbox, en el modelo Last.fm, o en el modelo Spotify... Quieren que, sí o sí, compremos la música en CDs, irregrabables y que se autodestruirán en 30 segundos ... para que nadie los piratee. Temen a Internet en vez de aprovechar Internet. Si se diesen cuenta de que sitios como Facebook han revertido la tendencia que ellos temen y han generado que los usuarios decidan crear contenido y subirlo a la red en vez de buscarlo y descargarlo, se darían cuenta de que Internet no es el problema: es la solución.
Oponerse a una tendencia que los consumidores imponen, demandan y autogeneran es tan necio y terco como querer seguir trabajando los campos con bueyes y mulas.
Por otodo ello, me hago aqui eco del manifiesto que, todos los que amamos internet y una nueva forma de entender el consumo de produtos DIGITALES, estamos difundiendo.
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia".
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